Intervenimos desde la primera hora para dirigir la estrategia jurídica y preservar la prueba. El objetivo es proteger su patrimonio, su libertad y la continuidad de sus operaciones.
Evaluación confidencial • Sin compromiso inicial • Casos seleccionados
Elija la situación que más se parece a la suya. Con eso adaptamos las preguntas que vienen después.
Delitos informáticos, fraude corporativo, estafas con criptomonedas y lavado de activos digitales. Intervenimos durante las primeras horas para preservar la prueba y definir la estrategia procesal.
La especialización técnica y jurídica de nuestra firma exige concentrar nuestros recursos en investigaciones penales, litigios estratégicos e incidentes tecnológicos de alta complejidad, donde una intervención especializada puede modificar significativamente el resultado del caso.
Cuando un asunto no corresponde a nuestra práctica, preferimos indicarlo desde el inicio para evitar generar expectativas que no podremos cumplir.
> EXTRACTING DATA...
> BLOCKCHAIN TRACE: CONFIRMED
> JURISDICTION: INTERNATIONAL
Lo que más nos preguntan antes de la primera reunión.
La denuncia pone los hechos en conocimiento de la PDI, Carabineros o el Ministerio Público. La puede hacer cualquier persona, es gratuita y no necesita abogado. La querella es un acto procesal que se presenta ante el tribunal competente, exige patrocinio de abogado y le da a quien la presenta la calidad de querellante: con ella puede proponer diligencias y ser oído dentro de la investigación. En casos técnicamente complejos, esa facultad de proponer diligencias suele ser lo que determina si la investigación avanza con la profundidad necesaria.
El movimiento de fondos en una cadena de bloques pública es consultable, y hasta ahí la respuesta es sí. El problema no suele ser técnico sino jurisdiccional: vincular una dirección con una persona identificable depende de terceros —casas de cambio, proveedores de servicios— que a menudo están fuera de Chile y solo entregan información ante un requerimiento formal. Por eso el rastreo se evalúa caso a caso y nadie serio puede anticiparle un resultado.
Antes de restaurar nada, preserve. El error más caro no es el ataque sino reinstalar el servidor comprometido: eso destruye los registros que después se necesitan para acreditar qué pasó y cuándo. Conserve los registros de acceso, los encabezados de los correos involucrados y las imágenes de los equipos afectados antes de tocarlos. En paralelo, documente quién accedió a qué y a qué hora. Esa documentación es la cadena de custodia, y es lo que permite que la evidencia digital no sea después cuestionada por manipulación.
Esa decisión no se toma en abstracto sino con los antecedentes a la vista. Ser imputado significa que se le atribuye participación en un hecho punible; no significa que sea culpable, y la presunción de inocencia lo ampara durante todo el proceso. Antes de declarar conviene saber qué consta en la carpeta investigativa, porque una declaración prestada sin ese conocimiento puede fijar una versión difícil de corregir después. Tiene derecho a contar con un abogado antes de cualquier diligencia.
La Ley N° 21.459, publicada el 20 de junio de 2022, que reemplazó a la Ley N° 19.223 de 1993 y adecuó la legislación chilena al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia. Tipifica, entre otras conductas, el acceso ilícito a un sistema informático, el ataque a la integridad de un sistema y el fraude informático. Si encuentra información que se apoya en la Ley 19.223 como norma vigente, está desactualizada.
La evaluación preliminar no tiene costo ni compromiso. Lo que escriba en el formulario queda amparado por el secreto profesional desde el primer momento, con independencia de que llegue a contratarnos o de que decidamos no tomar el caso. Si el asunto no corresponde a nuestra práctica se lo diremos, y le indicaremos qué puede hacer por su cuenta.
Esta información es general y no constituye asesoría legal para un caso concreto.
La evaluación preliminar tarda aproximadamente dos minutos.
