Una de las principales características de los delitos informáticos es que la evidencia digital puede desaparecer en cuestión de segundos. Precisamente por ello, la Ley N° 21.459 incorporó importantes modificaciones al Código Procesal Penal destinadas a permitir una investigación más rápida y eficiente.
Cuando la investigación comienza antes de que lo sepas
Una de las principales características de los delitos informáticos es que la evidencia digital puede desaparecer en cuestión de segundos. Precisamente por ello, la Ley N° 21.459 incorporó importantes modificaciones al Código Procesal Penal destinadas a permitir una investigación más rápida y eficiente. Sin embargo, estas nuevas herramientas investigativas también generan una tensión permanente entre dos intereses constitucionales igualmente relevantes: la necesidad del Estado de investigar delitos complejos; y el derecho de toda persona a la privacidad, al debido proceso y a una defensa efectiva.
En HM Legal observamos diariamente que muchos imputados cometen errores irreversibles durante las primeras horas de una investigación. Conocer qué puede hacer la Fiscalía y cuáles son los límites legales de sus actuaciones puede marcar la diferencia entre una defensa sólida y una condena basada en evidencia obtenida sin oposición.
La preservación provisoria de datos: la herramienta que inicia muchas investigaciones
Uno de los cambios más relevantes introducidos por la Ley N° 21.459 fue la incorporación del artículo 218 bis del Código Procesal Penal, denominado Preservación Provisoria de Datos Informáticos. Esta medida permite que el Ministerio Público solicite a proveedores de internet, empresas tecnológicas y otros prestadores de servicios digitales la conservación inmediata de información que podría ser eliminada. Es importante comprender que preservar datos no significa revisarlos. La ley distingue claramente ambas actuaciones.
El 'vaciado' del celular no es automático
Probablemente uno de los mayores mitos es creer que, una vez incautado un teléfono, la Fiscalía puede revisar inmediatamente todo su contenido. Eso no es correcto. La extracción forense completa del dispositivo constituye una medida altamente intrusiva que afecta derechos constitucionales como la vida privada y las comunicaciones. Por esta razón, el examen del contenido del teléfono debe respetar exigencias legales estrictas.
El consentimiento puede cambiar completamente un caso
Uno de los errores más frecuentes ocurre durante un allanamiento. Muchas personas creen que colaborar facilitará su situación procesal. Entonces entregan espontáneamente claves del teléfono, códigos biométricos o contraseñas. Desde una perspectiva jurídica, ese consentimiento puede transformar radicalmente la discusión posterior. Si la entrega fue libre y voluntaria, posteriormente será mucho más complejo alegar vulneraciones a la privacidad o solicitar la exclusión de esa evidencia.
El derecho a guardar silencio sigue siendo una de las mejores herramientas
En investigaciones por cibercrimen existe una enorme asimetría de información. La defensa muchas veces desconoce completamente el contexto técnico del caso. Declarar prematuramente puede consolidar una hipótesis investigativa equivocada. El ejercicio del derecho a guardar silencio no constituye un indicio de culpabilidad. Es aconsejable que la defensa estudie íntegramente la carpeta, realice peritajes independientes y evalúe la licitud de la evidencia antes de declarar.
Qué hacer si la Fiscalía llega a tu domicilio o empresa
Director Jurídico HM Legal
Abogado con más de catorce años de experiencia en litigación penal y estratégica. Especialista en defensa de delitos informáticos, evidencia digital y criminalidad tecnológica.
Donde comprobarlo
Este articulo se apoya unicamente en fuentes oficiales. Si quiere ir al texto original:
Este articulo fue preparado por HM Legal a partir de fuentes oficiales, pero es informacion general y no constituye asesoria legal para un caso concreto. HM Legal es un estudio juridico privado y no tiene relacion con la Policia de Investigaciones, el Ministerio Publico ni la Agencia Nacional de Ciberseguridad.